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Política de independencia editorial de Alfil

Última actualización: 28 de julio de 2026 Canal editorial y de rectificación: redaccion@alfil.co

Nuestra posición, sin rodeos

Alfil publica datos, perfiles e investigaciones sobre actores políticos colombianos. También vende acceso a datos públicos, herramientas de análisis y servicios a medios, organizaciones, empresas y actores políticos.

No escondemos esa tensión ni creamos una marca paralela para disimularla. La hacemos gobernable con reglas públicas que se aplican aunque resulte comercialmente incómodo.

Pagar a Alfil no compra silencio ni trato editorial preferencial.

Si Alfil decide, por criterio editorial o de producto, dejar de publicar una categoría de información, la decisión se aplica a todas las personas que cumplan el mismo criterio, sean clientes o no. Nunca se retira una categoría solo para quien reclama, presiona o paga.

Estos compromisos también forman parte de nuestros Términos de uso. Ninguna propuesta, descuento, contrato o conversación comercial puede derogarlos.

Qué compra un cliente y qué no compra

Un cliente puede comprar, según su plan o contrato:

  • acceso a herramientas y fuentes públicas;
  • análisis electoral territorial agregado;
  • monitoreo legislativo, regulatorio y de contratación pública;
  • herramientas de gestión de despacho, control político y rendición de cuentas;
  • API, integraciones, capacitación, soporte o entregables definidos en una orden de servicio.

El pago no da derecho a:

  • retirar, ocultar, desindexar, suavizar, retrasar o impedir información o cobertura;
  • conocer, revisar, aprobar o vetar una publicación antes de que aparezca;
  • escoger el enfoque, titular, metodología, posición, prominencia o fecha de una pieza;
  • recibir información editorial no publicada, fuentes confidenciales, datos o actividad de otros clientes;
  • lograr que una solicitud de corrección salte la fila o tenga un estándar distinto;
  • impedir que Alfil investigue o publique sobre el cliente durante o después de la relación comercial;
  • presentar una publicación independiente de Alfil como aval, publicidad o contenido encargado.

Si un prospecto condiciona el pago a cualquiera de esas ventajas, Alfil no celebra el contrato o lo termina conforme a sus términos.

La regla de remoción universal

A qué se aplica

La regla se activa cuando Alfil, por decisión propia de producto o de criterio editorial, concluye que una categoría de información ya no debe publicarse o indexarse. Una categoría debe poder definirse con atributos objetivos, por ejemplo:

  • un campo específico de contacto;
  • un tipo de antecedente;
  • registros anteriores a una fecha o estado procesal;
  • un nivel de granularidad de identificación;
  • una clase de documento o fuente;
  • una regla de indexación en buscadores.

Alfil no considera “categoría” una definición construida para identificar a una sola persona, cliente, partido o campaña. Tampoco acepta criterios sustitutos diseñados para obtener ese mismo resultado selectivo.

Cómo se ejecuta

Toda decisión discrecional de dejar de publicar una categoría debe:

  1. describir el criterio objetivo y la razón editorial, de seguridad, privacidad o calidad;
  2. identificar el universo de registros o personas materialmente equivalentes;
  3. fijar una fecha de entrada en vigor y un plazo de aplicación completa;
  4. aplicarse sin prioridad para clientes y sin excepciones basadas en identidad, pago, partido, ideología, poder o amenaza de cancelación;
  5. registrarse en el Registro de decisiones por categoría de esta página;
  6. ser verificable mediante una revisión de las páginas que cumplen el criterio.

Una aplicación parcial por razones técnicas debe mostrar su estado y fecha estimada de finalización. No puede usarse la migración gradual para beneficiar primero a quien paga o reclama.

Lo que no es trato preferencial

Existen actuaciones individuales que no son una decisión discrecional de retirar una categoría:

  • cumplir una orden judicial o administrativa obligatoria;
  • corregir una afirmación factual cuya inexactitud se demostró con evidencia verificable;
  • actualizar un dato cuando cambió la fuente competente o el estado del hecho;
  • respetar una reserva, supresión o restricción impuesta por la fuente competente;
  • atender un derecho de rectificación, actualización, supresión u otra protección que jurídicamente proceda tras analizar el caso.

Estas actuaciones obedecen a ley, exactitud o fuente; no a la identidad ni al pago. Aplicamos el mismo procedimiento y el mismo estándar probatorio a cualquier persona en circunstancias equivalentes.

Cuando sea legalmente posible, la página afectada y el Historial de correcciones y actuaciones individuales indicarán qué cambió, cuándo y por qué. Si una orden o reserva impide revelar el detalle, registraremos la existencia de una actuación y la categoría general del fundamento hasta donde la ley permita.

Clientes que son sujetos de cobertura

Una relación comercial no excluye a una persona u organización de la cobertura de Alfil.

Cuando el sujeto principal de una investigación o pieza original sea cliente vigente de Alfil, incluiremos una nota visible que informe la existencia de la relación comercial. La nota no revelará precio, información confidencial ni datos de uso. La obligación de transparencia debe incorporarse a los contratos políticos; no aceptaremos una cláusula de confidencialidad que obligue a ocultar un conflicto relevante al lector.

La relación comercial no se comunica al equipo editorial antes de lo necesario para aplicar controles de conflicto y la divulgación. No se comparten con redacción consultas, archivos, prompts, casos, actividad privada ni entregables de un cliente, salvo autorización específica del cliente o una obligación legal. El personal comercial no revisa borradores ni decide agenda, enfoque, publicación, corrección o remoción.

Si una misma persona participa materialmente en funciones comerciales y editoriales, debe declarar el conflicto y no decidir por sí sola una solicitud que afecte a su cliente. La decisión debe quedar a cargo de otra persona designada y registrarse internamente.

Fuentes, verificación y derecho de respuesta

Priorizamos fuentes primarias y oficiales y mostramos, cuando es posible, fuente y fecha de corte. La información pública no se presenta como infalible: SECOP, resultados electorales, sanciones, decisiones judiciales y otros registros pueden cambiar o contener errores.

Antes de publicar una afirmación que pueda afectar de forma significativa a una persona, buscamos contraste y una oportunidad razonable de respuesta, según la urgencia y el interés público. Ser cliente no amplía ni reduce esa oportunidad. Una respuesta aportada se verifica y se identifica como tal; entregarla no garantiza su publicación literal ni sustituye nuestro juicio independiente.

Los análisis y respuestas generados con inteligencia artificial deben revisarse contra las fuentes originales. Alfil es responsable de lo que publica editorialmente, aunque haya usado automatización como apoyo.

Rectificaciones, actualizaciones y correcciones

Cualquier persona —cliente o no— puede escribir a redaccion@alfil.co e incluir:

  • URL o ubicación exacta del contenido;
  • afirmación o dato que considera incorrecto, incompleto o desactualizado;
  • explicación concreta del problema;
  • fuente primaria, documento o evidencia que lo sustenta;
  • información de contacto para la respuesta.

En los perfiles de político también se puede usar el botón “Reportar error de datos”; el reporte entra al mismo procedimiento y no recibe un estándar distinto.

Alfil:

  1. confirma recepción dentro de dos días hábiles;
  2. clasifica la solicitud por exactitud, actualización, opinión, privacidad, reserva u orden legal;
  3. aplica el mismo estándar y la misma cola a clientes y no clientes;
  4. busca responder inicialmente dentro de cinco días hábiles o informa por qué necesita más tiempo y una fecha estimada;
  5. respeta los plazos legales que resulten aplicables cuando sean distintos;
  6. corrige con una prominencia proporcional a la del error original.

Una corrección factual no se convierte en eliminación silenciosa. Según el caso, Alfil corrige, actualiza, agrega contexto, anota una disputa, enlaza el resultado posterior o retira el dato cuando procede. La nota debe permitir entender la naturaleza del cambio sin repetir innecesariamente información lesiva.

No rectificamos opiniones por el solo hecho de que sean desfavorables, pero sí corregimos los hechos verificables en que se apoyan. Una solicitud genérica para “limpiar el perfil”, “bajar lo negativo” o “no volver a publicar” no identifica un error y no activa un veto.

Salvaguardas de datos y acceso

  • Los datos confidenciales aportados por un cliente se usan solo para prestar el servicio contratado y bajo los accesos, retención y acuerdos aplicables.
  • La actividad privada de un cliente no es una fuente editorial por defecto.
  • Un cliente no recibe datos, consultas, archivos, resultados privados ni actividad de otro cliente.
  • Las fuentes confidenciales y materiales no publicados no se entregan a clientes ni al equipo comercial.
  • Los accesos administrativos a datos de clientes deben responder a una necesidad de soporte, seguridad o cumplimiento y quedar registrados.
  • Alfil no usa la plataforma para construir listas de votantes, enriquecer teléfonos o WhatsApp, inferir afinidad o persuadibilidad individual ni dirigir propaganda a personas.

Cómo puede verificarse desde afuera

Un tercero puede evaluar este compromiso mediante cuatro evidencias públicas:

  1. Notas de relación comercial: una pieza sobre su cliente principal identifica la relación vigente.
  2. Correcciones visibles: cada cambio factual relevante aparece en la pieza y en el historial de esta página.
  3. Decisiones por categoría: una remoción discrecional define su universo, plazo y estado de aplicación.
  4. Comparación de trato: personas materialmente equivalentes bajo el criterio de categoría reciben el mismo resultado, sin distinción de cliente.

Quien encuentre una posible aplicación desigual puede escribir a redaccion@alfil.co con las URLs comparables. Alfil responderá indicando si se trata de una corrección individual, una obligación legal, una diferencia material del dato o una decisión de categoría. Si hubo una aplicación desigual, corregirá el universo y lo anotará en el registro.

Registro de decisiones por categoría

Este registro cubre decisiones discrecionales de no publicación, remoción o desindexación por categoría. No se borra una entrada histórica aunque la decisión cambie después.

FechaCategoría y criterio objetivoRazónUniverso afectadoPlazo y estadoEnlace a la versión de la política
No se han registrado decisiones desde la vigencia de esta política

Historial de correcciones y actuaciones individuales

Este registro resume correcciones relevantes, actualizaciones y actuaciones individuales cuando la ley permite informar su existencia. La pieza afectada conserva su propia nota de cambio.

FechaContenidoTipoQué cambió y fundamentoRelación comercial con el sujeto
No se han registrado actuaciones desde la vigencia de esta política

Incumplimientos y cambios a esta política

Reportes sobre presión comercial, tratamiento preferencial o acceso indebido se pueden enviar a redaccion@alfil.co. Una persona involucrada en el posible conflicto no debe decidir sola el reporte.

Podemos mejorar esta política, pero no modificarla retroactivamente para justificar una ventaja ya concedida. Todo cambio material queda fechado y explicado. Reducir el alcance de los dos compromisos principales exige una nota pública específica; no puede hacerse mediante un contrato privado.

Fundamento editorial y jurídico

Esta política se apoya en la libertad de información y sus responsabilidades de veracidad, imparcialidad, intimidad y rectificación. Entre las referencias principales están las sentencias de la Corte Constitucional T-450 de 2025, T-242 de 2022, T-254 de 2024 y T-277 de 2015, además de la Ley 1581 de 2012 para los tratamientos de datos a los que aplica.

La redacción de esta política tomó como referencias comparables los Trust Principles de Thomson Reuters, el Código de Ética de ProPublica y la respuesta pública de Bloomberg sobre el acceso de reporteros a datos de clientes.